Así se manifiestan desde la organización El Refugio, que han denunciado ante la Guardia Civil cómo en este centro que recoge miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz, supuestamente son sacrificados con un paralizante muscular “que es inyectado indiscriminadamente ocasionando a los animales una muerte lenta y agónica por asfixia”. Con este método, por un coste de 35 euros se pueden matar 10 toneladas de perros y gatos. El Seprona después de realizar una laboriosa instrucción, ha llamado a declarar como imputados al dueño de la perrera, a la directora, al veterinario titular y trabajadores, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, de denuncia falsa y de falsificación de documento público. Es la primera vez en España que se inicia un procedimiento penal por maltrato animal en una perrera. Al hilo de este hecho, se ha convocado este domingo en Cádiz una concentración informativa.
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